PREGUNTAS FRECUENTES

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protege las creaciones de la mente humana. En Chile se divide en dos grandes ramas: la propiedad industrial (marcas, patentes, diseños industriales, variedades vegetales), regulada por el INAPI bajo la Ley N° 19.039; y los derechos de autor, regulados por el DDI bajo la Ley N° 17.336. Adicionalmente, el área de Nuevas Tecnologías — protección de datos, ciberseguridad, secretos comerciales y software — se rige por un conjunto creciente de normativa específica, incluyendo la nueva Ley N° 21.719 y la Ley N° 21.663. Contar con asesoría especializada desde el inicio evita pérdidas patrimoniales difíciles de revertir.

Si bien el proceso de registro es técnicamente accesible, los errores más costosos ocurren antes de presentar la solicitud: elegir la clase equivocada, usar un nombre que ya existe, o no proteger adecuadamente el activo. Un abogado especializado realiza búsquedas de anterioridad, define la estrategia de protección correcta y defiende la solicitud frente a oposiciones, aumentando significativamente las probabilidades de éxito.

Los plazos varían según el tipo de derecho. El registro de una marca ante el INAPI toma entre 12 y 18 meses si no hay oposiciones. Una patente puede demorar entre 3 y 5 años. El registro de derechos de autor ante el DDI es más expedito, aunque la protección nace desde la creación de la obra. La estrategia de protección debe considerar estos plazos desde el inicio.

No. La protección otorgada por el INAPI y el DDI es de carácter territorial, es decir, solo tiene vigencia dentro de Chile. Para proteger activos en otros países, existen tratados internacionales como el Sistema de Madrid para marcas, el PCT para patentes, y el Convenio de Berna para derechos de autor. Te asesoramos en la estrategia internacional más eficiente según los mercados objetivo.

Si detectas una infracción a tus derechos de propiedad intelectual, lo primero es documentar la evidencia y consultar con un abogado especializado. Las acciones disponibles en Chile incluyen cartas de cese y desistimiento, acciones civiles de indemnización, medidas cautelares urgentes ante los tribunales, y en casos graves, acciones penales. Actuar rápido es clave para minimizar el daño.

Trabajamos con clientes de todos los tamaños: desde emprendedores que están lanzando su primer producto hasta corporaciones con carteras complejas de activos intelectuales. Entendemos que las startups tienen necesidades y presupuestos distintos, por lo que ofrecemos estrategias de protección escalables que acompañan el crecimiento del negocio.

Una marca comercial es todo signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado. En Chile se pueden registrar: palabras (incluidos nombres propios), logotipos, combinaciones de colores, eslóganes, sonidos, formas tridimensionales e Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, siempre que sean distintivos y no generen confusión con marcas ya existentes en las mismas clases del Clasificador de Niza.

El registro de una marca en Chile tiene una vigencia de 10 años renovables indefinidamente por períodos iguales. La renovación debe solicitarse ante el INAPI antes del vencimiento. Una marca registrada y renovada oportunamente puede ser un activo perpetuo de enorme valor para la empresa.

El Clasificador de Niza es un sistema internacional de 45 clases que agrupa productos y servicios. Al registrar la marca, debe indicarse en qué clases se desea protección, y el derecho exclusivo se limita a esas clases. Elegir las clases correctas —ni pocas ni demasiadas— es una decisión estratégica que conviene tomar con asesoría especializada.

Usar una marca sin registrarla es posible, pero riesgoso. Sin registro, no existe derecho exclusivo reconocido formalmente, lo que dificulta oponerse a terceros que la usen o la registren primero. En Chile rige el sistema 'first to file' (primero en registrar), por lo que quien registra primero obtiene la protección, independientemente de quién la usó antes.

El INAPI puede rechazar una solicitud de marca por motivos absolutos (la marca es descriptiva o genérica) o por motivos relativos (existe una marca similar ya registrada en la misma clase). En ambos casos es posible presentar recursos administrativos y judiciales. También es posible negociar acuerdos de coexistencia con el titular de la marca anterior.

Sí. Chile es parte del Protocolo de Madrid, lo que permite presentar una sola solicitud internacional ante la OMPI para proteger la marca en más de 130 países. También es posible presentar solicitudes directas en cada país. Te ayudamos a definir la estrategia internacional más eficiente según los mercados de expansión y el presupuesto disponible.

Las Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) son signos que identifican un producto originario de un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otras características se deben esencialmente a ese origen geográfico. En Chile se registran ante el INAPI. Son especialmente relevantes en sectores como vitivinicultura, gastronomía y artesanía. Asesoramos en el proceso de registro y en la defensa frente a usos no autorizados.

Una patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado concede al inventor para explotar comercialmente su invención durante 20 años desde la fecha de presentación, a cambio de divulgar públicamente cómo funciona. En Chile, una invención es patentable si cumple tres requisitos: novedad, nivel inventivo (no es obvia para un experto) y aplicabilidad industrial.

La patente de invención protege soluciones técnicas nuevas con un nivel inventivo significativo. El modelo de utilidad protege mejoras prácticas o funcionales de objetos ya conocidos, con un estándar de innovación menor. Los modelos de utilidad tienen tramitación más rápida y vigencia de 10 años. La elección entre uno u otro depende del nivel de innovación del desarrollo y de la estrategia comercial.

En Chile, el software como tal no es patentable directamente, pero sí pueden protegerse invenciones implementadas en software cuando el resultado es una solución técnica concreta que va más allá de la simple ejecución de un programa. Para proteger el software como tal, la vía principal son los derechos de autor. Cada caso requiere un análisis técnico-jurídico detallado.

La divulgación pública de una invención antes de presentar la solicitud de patente puede destruir su novedad y hacerla no patentable, ya que el estándar chileno no contempla un período de gracia general. Esto incluye publicaciones académicas, presentaciones en ferias, comunicaciones por correo electrónico o publicaciones en redes sociales. Consulta con un especialista antes de divulgar.

Existen dos vías principales. El Tratado PCT (Patent Cooperation Treaty) permite presentar una sola solicitud internacional con efectos en más de 150 países, con hasta 30 meses para decidir en cuáles continuar el trámite nacional. La segunda vía es presentar solicitudes directas en cada país de interés bajo el Convenio de París. Te ayudamos a definir la estrategia más conveniente según objetivos comerciales y presupuesto.

Un informe FTO (Freedom to Operate o Libertad de Operar) es un análisis legal que determina si un producto, proceso o tecnología puede fabricarse, usarse o venderse en un mercado determinado sin infringir patentes vigentes de terceros. Es esencial antes de lanzar un producto al mercado, especialmente en sectores con alta densidad de patentes como farmacéutica, biotecnología y electrónica. Nuestro equipo de abogados e ingenieros especialistas los elabora con precisión técnica real.

En Chile, los derechos de autor nacen de pleno derecho desde el momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro ni formalidad alguna. Sin embargo, registrar la obra ante el DDI es altamente recomendable porque otorga fecha cierta a la creación, facilita la prueba de titularidad en caso de conflicto y fortalece la posición ante los tribunales.

La Ley N° 17.336 protege todas las obras del intelecto en el ámbito literario, artístico y científico, cualquiera sea su forma de expresión. Esto incluye: obras literarias, música, fotografía, obras audiovisuales, software, bases de datos, diseños gráficos, ilustraciones, podcasts, videojuegos y obras arquitectónicas, entre otras. La protección aplica a la forma de expresión, no a las ideas en sí mismas.

En Chile, los derechos patrimoniales de autor duran toda la vida del autor más 70 años desde su muerte. Después de ese período, la obra pasa al dominio público. Para personas jurídicas o titulares de derechos conexos, los plazos varían según el tipo de derecho.

Depende del contexto. Las obras creadas por empleados en el marco de su relación laboral generalmente pertenecen al empleador. Los trabajos de freelancers son, por defecto, de su autoría, a menos que exista un contrato que transfiera los derechos patrimoniales al cliente. Se recomienda siempre formalizar la cesión de derechos al contratar servicios creativos externos.

El software está expresamente protegido por la Ley N° 17.336 como obra del intelecto, desde el momento en que es creado. La protección cubre el código fuente, el código objeto y la documentación técnica. Para fortalecer esa protección, es recomendable registrarlo ante el DDI, establecer cláusulas claras de titularidad en contratos con desarrolladores, y complementarla con acuerdos de confidencialidad para el know-how asociado.

La titularidad de obras generadas por inteligencia artificial es un área en plena evolución jurídica. En Chile, la ley actual exige que exista un autor humano para que nazca el derecho de autor. Esto plantea interrogantes sobre las obras creadas total o parcialmente por IA. Asesoramos en la estructuración de los contratos de desarrollo de sistemas de IA, el uso de material protegido para entrenar modelos, y la protección de los outputs generados.

Un secreto comercial es información confidencial que otorga a su titular una ventaja competitiva: fórmulas, procesos de fabricación, listas de clientes, algoritmos, estrategias de marketing y planes de negocio. En Chile está protegido por la Ley de Propiedad Industrial (N° 19.039), la Ley de Competencia Desleal (N° 20.169) y el Código Penal. La nueva Ley de Delitos Económicos reforzó la protección penal mediante seis nuevos artículos (284 al 284 sexies CP). Para ser legalmente tutelado, la información debe ser secreta, tener valor comercial y haber sido objeto de medidas razonables de resguardo.

Son dos estrategias de protección complementarias, pero con lógicas opuestas. La patente otorga un monopolio de explotación a cambio de divulgar públicamente la invención; tiene vigencia de 20 años. El secreto comercial protege la información sin divulgarla, pero depende de que se mantenga confidencial: si se filtra o se descubre de forma independiente, la protección se pierde. La elección depende de la naturaleza de la tecnología, el sector y la estrategia comercial.

La protección efectiva requiere una estrategia en múltiples capas: contratos de confidencialidad (NDA) con empleados, proveedores y socios; clasificación interna de la información; controles de acceso físicos y tecnológicos; protocolos de ingreso y egreso de empleados que manejan información sensible; y cláusulas específicas en contratos de I+D. Sin estas medidas, un tribunal puede rechazar una acción por violación de secretos al concluir que la empresa no tomó los resguardos exigidos por la ley.

Un NDA (Non-Disclosure Agreement o Acuerdo de Confidencialidad) es un contrato mediante el cual una o ambas partes se comprometen a no divulgar información confidencial que se comparte entre ellas. Debe usarse antes de compartir información sensible en cualquier contexto: negociaciones comerciales, relaciones con proveedores, contratos con empleados, proyectos de I+D colaborativa o rondas de inversión. Un NDA mal redactado puede no proteger realmente lo que se necesita proteger.

La transferencia tecnológica es el proceso por el cual el titular de un activo intelectual — una patente, un software, un know-how, una marca — lo pone a disposición de un tercero para que lo utilice o comercialice. Se aplica en licenciamiento de patentes, spin-offs universitarios, joint ventures de I+D, acuerdos de distribución con uso de marca, y ventas de empresas que incluyen activos intangibles. Covarrubias asesora en todo el ciclo: desde la protección del activo hasta su comercialización, incluyendo valorización y estructuración contractual.

La cesión implica una transferencia definitiva de la titularidad del derecho: el cedente deja de ser dueño. La licencia es una autorización de uso: el licenciante mantiene la titularidad pero permite que el licenciatario explote el derecho bajo las condiciones pactadas. Para ser oponibles a terceros en Chile, ambos actos deben constar en instrumento privado ante notario y anotarse al margen del registro correspondiente en el INAPI.

Un contrato de licencia bien estructurado debe definir con precisión: el objeto licenciado y su alcance, si la licencia es exclusiva o no exclusiva, el territorio y plazo de vigencia, el monto y modalidad de las regalías (royalties), las obligaciones de confidencialidad, las condiciones de sublicenciamiento, los mecanismos de control de calidad, las garantías sobre titularidad del derecho, y las cláusulas de resolución de conflictos. Un contrato mal redactado puede dejar sin protección al licenciante o privar al licenciatario de los derechos que creyó adquirir.

Los acuerdos de I+D colaborativa son instancias donde la propiedad intelectual resultante puede quedar mal definida si no se regula contractualmente con anticipación. Es fundamental acordar desde el inicio: quién será titular de los resultados, cómo se distribuirán las regalías, qué ocurre con las invenciones derivadas, qué información preexistente de cada parte queda protegida, y cuáles son los compromisos de confidencialidad durante y después del proyecto.

Sí, pero con condiciones. La normativa chilena — incluyendo la Ley N° 21.718 de Transferencia de Conocimiento y Tecnología aprobada en 2024 — regula cómo las instituciones de educación superior pueden comercializar tecnologías desarrolladas con fondos públicos. Los asignatarios de fondos ANID u otros organismos públicos deben informar sobre resultados susceptibles de protección. Si no se toman medidas para protegerlos oportunamente, los resultados pueden pasar al dominio público.

Debes actuar tan pronto como detectes una infracción, porque la demora puede interpretarse como tolerancia y debilitar tu posición legal. Las acciones disponibles en Chile incluyen medidas cautelares urgentes (para detener la infracción de inmediato), acciones civiles de indemnización y acciones penales en casos graves. Lo primero es documentar la infracción de forma sistemática y consultar con un especialista para evaluar la vía más eficiente.

Las medidas cautelares son órdenes judiciales urgentes que permiten detener una infracción antes de que se resuelva el fondo del juicio. En propiedad intelectual pueden incluir la suspensión inmediata del uso de la marca o invención infringida, el retiro de productos del mercado y la incautación de material infractor. Se solicitan ante el tribunal competente acreditando la titularidad del derecho y la infracción, y pueden otorgarse incluso sin notificar al demandado en casos urgentes.

Sí. Existen alternativas al litigio que permiten resolver conflictos de forma más rápida y menos costosa: negociación directa, mediación con un tercero neutral y arbitraje. También es posible llegar a acuerdos de coexistencia de marcas o licencias cruzadas que conviertan un conflicto en una relación comercial. Te acompañamos en la evaluación estratégica de cada opción, considerando tiempo, costo, confidencialidad y resultado.

En Chile, la indemnización puede calcularse sobre la base de las utilidades que el infractor obtuvo gracias a la infracción, las ganancias que el titular dejó de percibir (lucro cesante), o el valor de una licencia razonable que habría correspondido pagar. La acreditación del daño es uno de los aspectos más complejos de estos litigios. Te ayudamos a construir el caso desde el inicio, incluyendo la documentación económica necesaria.

La competencia desleal, regulada por la Ley N° 20.169, protege a las empresas contra prácticas comerciales contrarias a la buena fe. En el ámbito de la PI, configura competencia desleal: usar signos similares a los de un competidor para generar confusión, apropiarse de secretos comerciales, imitar sistemáticamente los productos de un rival, o difundir información falsa sobre un competidor. Las acciones civiles por competencia desleal pueden ser más ágiles que las acciones de infracción de derechos registrados.

El registro sanitario de productos farmacéuticos en Chile se tramita ante el ISP (Instituto de Salud Pública), a través de ANAMED. El proceso requiere la presentación de un dossier que acredita la calidad, seguridad y eficacia del producto. Existen distintos procedimientos según el tipo de medicamento: productos innovadores, genéricos, biotecnológicos y biológicos. Asesoramos en la preparación de la documentación, la clasificación del producto y la representación técnica ante la autoridad sanitaria.

El patent linkage es el mecanismo mediante el cual el ISP vincula el registro sanitario de un medicamento con el estado de las patentes vigentes sobre ese producto. Establecido en el Decreto Supremo N° 89, implica que el ISP no puede otorgar un registro sanitario a un producto que infrinja una patente vigente de un tercero. Este mecanismo genera disputas regulatorias y judiciales relevantes entre laboratorios de genéricos y titulares de patentes originadoras.

Los datos de prueba son la información clínica y de seguridad que un laboratorio genera para obtener el registro sanitario de un nuevo medicamento. La exclusividad de datos es el período durante el cual la autoridad sanitaria no puede basarse en esos datos para aprobar un producto competidor, protegiéndolos de un uso no autorizado por parte de terceros. En Chile, esta protección está regulada y tiene implicancias estratégicas importantes para la competencia entre medicamentos innovadores y genéricos.

Los dispositivos médicos en Chile son regulados por el ISP bajo el Decreto Supremo N° 825 y la normativa complementaria de ANAMED. El proceso de registro incluye la clasificación del dispositivo según su nivel de riesgo (I a IV), la preparación de un dossier técnico, el cumplimiento de requisitos de etiquetado y rotulación, y en algunos casos, la acreditación de ensayos clínicos. La normativa chilena se ha ido armonizando progresivamente con estándares internacionales (ISO, IMDRF).

Los productos cosméticos en Chile se inscriben o notifican ante el ISP según su categoría y nivel de riesgo. Los requisitos incluyen cumplimiento de listas de ingredientes permitidos y prohibidos, normativa de etiquetado (idioma, información mínima obligatoria), cumplimiento de claims (no pueden atribuirse propiedades terapéuticas), y en algunos casos, estudios de seguridad. El régimen MERCOSUR de cosméticos aplica también en Chile, lo que facilita la armonización regional de requisitos.

La integración regulatoria-PI es el diferenciador principal de Covarrubias en esta área. Una patente, una marca y un registro sanitario bien coordinados no son tres procesos separados — son una estrategia única que maximiza el valor comercial y la exclusividad del producto en el mercado. Asesoramos en el diseño de esa estrategia desde el inicio: cuándo presentar la solicitud de patente en relación con el registro sanitario, cómo proteger los datos de prueba, y cómo estructurar el portafolio de marcas del producto.